Convocatoria a la paz grande | Informe Final Comisión de la Verdad
El llamado
Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género.
Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales.
Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes ha ocurrido en combate. Una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que se ciernen sobre Colombia por causa del conflicto armado interno.
Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado a la humanidad desde los primeros tiempos: ¿dónde está tu hermano? Y desde el reclamo perenne del misterio de justicia en la historia: la sangre de tu hermano clama sin descanso desde la tierra.
Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés.
Llamamos a liberar nuestro mundo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas. A sacar las armas del espacio venerable de lo público. A tomar distancia de los que meten fusiles en la política. A no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha social legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, de las comunidades y de los pueblos étnicos. A asumir juntos, por las vías democráticas, la responsabilidad de los cambios sociales e institucionales que la convivencia exige, como se estableció en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP, y a abrir, con el entendimiento de las actuales circunstancias, este acuerdo al ELN y a otros grupos armados.
No pretendemos acabar con el debate legítimo entre quienes mantienen el statu quo y quienes desean cambiarlo. Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver Introducción 11 el mundo y relacionarnos está atrapada en un «modo guerra» en el que no podemos concebir que los demás piensen distinto. Los contrincantes pasan a ser vistos como conspiradores, sus argumentos dejan de parecernos interesantes o discutibles para ser peligrosos y temibles, y tenerlos en cuenta a la hora de debatir es una supuesta traición a lo propio. Así, la oposición se vuelve mortal porque las personas se convierten en meros obstáculos. Esa forma de pensar es la que ha posibilitado aberraciones como que los seres humanos fueran convertidos en humo y cenizas en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío, o pasaran a ser simples cifras en los listados de «dados de baja en combate» de los «falsos positivos»; también fue lo que posibilitó que los soldados devinieran trofeos de caza para la guerrilla, que encontráramos en bolsas de basura los despojos de políticos abaleados, que nos acostumbráramos a las muertes suspendidas del secuestro y a recoger los cadáveres diarios de líderes incómodos.
Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas ante la verdad del daño brutal causado y a hacerlo con la sinceridad del corazón. Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de destruir su reputación, la engrandecen, y de ser parte del problema pasan a ser parte de la solución que anhelan las víctimas y que necesitan ellos mismos, los perpetradores.
Esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada; tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de dos océanos y miles de ríos, montañas y valles; la audacia de su juventud, el coraje de sus mujeres y la fuerza secular de sus indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom.
Al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable: la inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. De esta manera, la riqueza cultural, natural y económica ha ido de la mano con la ausencia de reconocimiento del otro, de la otra, y ha propiciado la violación de derechos y el desprecio de los deberes ciudadanos. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos; de lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta.
Estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos seguir en el conflicto armado que se transforma todos los días y nos devora. No podemos postergar, como ya hicimos después de millones de víctimas, el día en que «la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento», como lo expresa nuestra Constitución.
¿Desde dónde hablamos?
Fuimos once los comisionados y comisionadas nombrados por el Comité de Escogencia que estableció el Acuerdo de Paz. Venimos del acompañamiento a comunidades, de las causas étnicas y a favor de los derechos de las mujeres; del desarrollo regional, la ciencia, la cultura, el arte y la memoria, los derechos humanos, el periodismo analítico y el trabajo con todas las víctimas; de la universidad y los centros de investigación social; de la administración Introducción 13 pública; de otras comisiones de la verdad, y de la Iglesia y otras tradiciones espirituales. También, de acoger a organizaciones de soldados y policías y a exguerrilleros heridos en combate. Y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento por la salida negociada al conflicto, la paz y la reconciliación.
Somos una de las tres entidades creadas por el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARCEP. Formamos el Sistema Integral para la Paz, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición —o, simplemente, la Comisión, como la llamaremos aquí—, es una entidad del Estado, autónoma, de carácter constitucional, que no depende de la Presidencia, el Congreso ni el poder judicial, con el deber de esclarecer la verdad sobre el conflicto.
Dedicados a esta causa murieron nuestros compañeros comisionados Alfredo Molano y Ángela Salazar. Alfredo, hasta su último día, recorrió ríos, caminos y páramos en su pasión por los campesinos, y Ángela gastó su fuerza y alegría en favor de tantas comunidades hasta que una noche del Urabá el cóvid la arrancó de su gente. Siguiendo el reglamento, elegimos a quienes tomaron el relevo de nuestro amigo y nuestra amiga. Dos meses antes de concluir el Informe Final, uno de los comisionados, escogido al inicio de la Comisión, decidió retirarse.
Lo que hicimos
Durante más de tres años escuchamos a más de 30.000 víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos en 28 lugares donde establecimos Casas de la Verdad, en resguardos y comunidades afrocolombianas, en kumpañys gitanos y entre los raizales, así como en el exilio en 24 países. Recibimos más de mil informes de la sociedad civil organizada, empresas, organizaciones por la defensa de los derechos humanos y la naturaleza, buscadoras de desaparecidos, mujeres y población LGBTIQ+; de cientos de niños y miles de jóvenes, además de quienes fueron llevados a la guerra a esas edades. Escuchamos a todos los expresidentes vivos, a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores, y nos reunimos muchas veces con la fuerza pública y recibimos del presidente Iván Duque el Aporte a la verdad de las Fuerzas Militares. Escuchamos a comparecientes ante la JEP y sostuvimos reuniones y actos de reconocimiento con excombatientes de las FARC-EP, miembros del Partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, exparamilitares del Pacto de Ralito y otros responsables que están en las cárceles.
Realizamos la misión a partir de dos procesos interconectados: la escucha en diálogo social abierto y la investigación. La Corte Constitucional prolongó por siete meses más nuestra vigencia inicial de tres años, en respuesta a la solicitud de víctimas y organizaciones de derechos humanos, para recuperar el tiempo reducido por la pandemia, ampliar nuestro ejercicio de escucha y terminar la preparación del Informe Final y del legado que entregamos.
La solidaridad internacional
Tuvimos el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y todas sus agencias, del secretario general, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Fondo Multidonantes; y recibimos el respaldo claro y discreto del papa Francisco, el apoyo eficaz de la Unión Europea y sus países miembros, además de Noruega, Suiza y el Reino Unido; de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); de todos los países de América y de Japón. Contamos con más de 200 aliados internacionales que incluyen entidades bilaterales, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y fundaciones privadas como Porticus, Ford, Open Society y Rockefeller. En el encuentro con la comunidad internacional, que conoce de guerras, nos ha impresionado el aprecio que dan al proceso de paz de Colombia como una de las noticias positivas en un mundo en conflicto y una de las negociaciones más serias entre un Estado y una insurgencia poderosa.
Como parte de la verdad que somos como nación, constatamos la solidaridad con las víctimas y el apoyo al proceso de paz de la comunidad internacional en contraste con la indiferencia de grandes sectores de la sociedad colombiana, que parecen no tener conciencia del sufrimiento de millones de compatriotas por causa del conflicto armado interno.
Creemos que es posible
Aunque hay nuevas formas del conflicto armado y a pesar de haber zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos de la guerra en los que las FARCEP llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación violenta y cuando el paramilitarismo, en el grado mayor del terror, llegó a constituir una alternativa política a las puertas del poder. Tiempos en que las masacres eran de 50 o 100 personas, las desapariciones y los secuestros se contaban por centenas; los desplazamientos, por cientos de miles, y todas las camas del Hospital Militar estaban copadas por heridos de guerra.
Lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Si bien no se dio la transformación participativa regional que se esperaba y los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) se limitaron a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU, estos mismos y la elección al Congreso de las víctimas en las circunscripciones especiales de paz muestran que se puede y se debe ir más allá, «hasta que amemos la vida», como lo hemos cantando en los territorios. El pueblo conoció en 2017, el año más tranquilo vivido en medio siglo, lo que significa la paz, y no va a renunciar a ella.
El legado
Recibimos la misión de esclarecer en tres años y medio la verdad de este conflicto armado de más de seis décadas, dignificar a las víctimas, alcanzar el reconocimiento voluntario por parte de los responsables, favorecer la convivencia en los territorios y formular propuestas viables para la no repetición. Con decisión y en medio de presiones, oposiciones y riesgos, así como del cóvid, hicimos lo que nos fue posible. Entregamos el Informe Final, conformado por un conjunto de volúmenes que abordan las diferentes dimensiones del conflicto, en un diálogo constante con la sociedad, para dejar en marcha un proceso que esperamos que sea irreversible y creciente. Queremos que el Informe produzca el efecto de una piedra que cae en un cuerpo de agua y que sus ondas ericen la superficie entumecida de Colombia.
Con la entrega, legamos también un Archivo de Derechos Humanos y nuestro Sistema de Información Misional –que contiene el compilado de toda nuestra investigación con los instrumentos tecnológicos para seguir produciendo conocimiento hacia la paz–, así como la Transmedia Digital, accesible en computadores y celulares desde cualquier parte, y en la que quedan el Informe Final, las recomendaciones de la Comisión, narrativas audiovisuales y productos pedagógicos construidos en el cumplimiento de nuestra misión.
Entregamos este legado de verdad a la sociedad colombiana, a la JEP, a la UBPD y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), y lo ponemos en manos de más de 3.000 organizaciones e instituciones aliadas. Tenemos confianza en que el presidente elegido, Gustavo Petro, y la unidad social y política que él ha convocado, así como las altas cortes, tomarán el Informe Final y sus recomendaciones e impulsarán el diálogo democrático e institucional para desarrollar los cambios necesarios. Queda en marcha el Comité de Seguimiento y Monitoreo sobre las recomendaciones, formado por siete personas, la mayoría mujeres, elegido por nosotros mismos en cumplimiento del Decreto 588 de 2017 y del reglamento de la Comisión.
El acontecimiento de la verdad
Junto con la JEP, la UBPD y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Comisión ha contribuido a hacer de la verdad un derecho público y un acontecimiento dentro y fuera del país.
Esto se constata en la disposición de las víctimas que llegaron por miles a la Comisión, superando el miedo que aún se vive en algunos territorios; en las palabras de aceptación de los responsables en actos de reconocimiento; en la generosidad de pueblos que tras escucharlos acogieron a victimarios; en los documentos entregados por centenares de grupos; en las instituciones y empresas que aportaron su visión sobre el conflicto. Muestras del acontecimiento son también los cuestionamientos, tergiversaciones y fake news, así como el negacionismo, las mentiras, los ataques y las estigmatizaciones contra miembros de la Comisión.
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Fuente: comisiondelaverdad.co
Acto público de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad
